Demanda. Damnificados por el sismo de hace dos meses piden a las autoridades apoyos más efectivos que la opción de un préstamo.
Demanda. Damnificados por el sismo de hace dos meses piden a las autoridades apoyos más efectivos que la opción de un préstamo.
Por Roberto Cisneros
Foto: Diego Álvarez
El toldo verde del edificio de Rébsamen 18 está tirado en el piso, junto a una pila de escombros y vidrios. Son solo algunos símbolos de la destrucción que dejó el sismo del pasado 19 de septiembre en este complejo habitacional de 105 departamentos, repartidos en cuatro torres de siete pisos.
Durante las próximas semanas, es probable que la fachada de ladrillos naranjas y blancos y tejas verdes se una a este montón de cascajo, ya sea porque comience un proceso para apuntalar y tratar de recuperar este inmueble de la colonia Narvarte, o porque se opte por su demolición.
Como este edificio de la delegación Benito Juárez, cerca de 1,000 quedaron inhabitables a raíz del temblor de hace dos meses. Y si bien —según las autoridades capitalinas— la mayoría puede recuperarse si tiene reparaciones profundas, otros deben ser demolidos por el riesgo que representan.
En ambos casos, los propietarios de estos inmuebles aguardan avances y que de una vez por todas se dé paso a la etapa más importante para ellos: la reconstrucción de su patrimonio.
Muchos de estos ciudadanos permanecen en la incertidumbre sobre qué esquema será empleado para costear los trabajos. En ese sentido, la constante entre este sector es el clamor de los damnificados por opciones de ayuda ante la insuficiencia de recursos propios y la inviabilidad de contratar un crédito.
“Mi mamá tiene 66 años y el Seguro Social le da 2,900 pesos de pensión, y es su único ingreso. Si conjugas edad e ingreso, es gente que no va a poder rescatar su propiedad. Es imposible”, afirma Alesio Ricoy, uno de los afectados del edificio de Plaza Narvarte, complejo que abarca los predios de Rébsamen 18 y 22 y Pestalozzi 27 y 31.
Afuera del lugar, Alesio da más datos que sustentan su punto de vista, como el hecho de que los planes de financiamiento consideran como edad límite los 64 años con 11 meses, e implican pagos mensuales cercanos a 10,000 pesos.
Patrimonio. Más de 100 familias están en riesgo de perder por completo su patrimonio, debido a los severos daños en el complejo habitacional de Plaza Narvarte.
Por la información que han recibido hasta ahora, los vecinos prevén que se les otorgarían préstamos de 20 millones de pesos por edificio, bajo un modelo en el que no pagarían capital sino solo intereses. Sin embargo, más allá de eso, no conocen mayores detalles sobre qué sigue.
¿Cuánto costaría en total la demolición?, ¿y la reconstrucción?, ¿habrá ayuda o asesoría de parte del gobierno?, ¿será un gasto adicional al desembolso para renta que están cubriendo por no poder habitar sus propiedades? y ¿con quién contratar las obras? son algunas de las preguntas que se hacen.
“El proceso de reconstrucción, aparte de ser doloroso, es la incertidumbre de qué voy a hacer (...) Es una pesadilla en términos económicos para cualquier persona que esté en una situación como ésta. Y somos miles, no nada más Plaza Narvarte ni Benito Juárez: es por toda la ciudad”, añade Alesio.
A dos meses de la catástrofe, él piensa que las autoridades siguen desorganizadas y rebasadas, y teme que el paso del tiempo dificulte los trabajos pendientes, debilite más la capacidad económica de los damnificados, dañe el valor y el entorno social de su zona y entorpezca la disponibilidad de recursos públicos.
“Es muy preocupante, porque justamente el peor enemigo que tenemos ahorita es el tiempo. Algo que nos preocupa a todos, y nadie lo decimos, es que estamos a meses de campañas electorales. En diciembre, los que vayan por un ‘hueso’ más grande van a empezar a renunciar a sus puestos”, comenta, y plantea un ejercicio de imaginación de lo que podría ocurrir si los tiempos políticos se interponen como prioridad por encima de la reconstrucción.
“(Supongamos que) ya estamos en mayo de 2019, y seguimos nosotros sentados enfrente de un edificio muy dañado por el temblor del 19 de septiembre de 2017, haciendo guardias cuidando nuestro patrimonio...”, aventura.
Alerta. Alesio Ricoy manifiesta preocupación de que, con el paso del tiempo, los daños en el inmueble deterioren aún más lo que resta de sus propiedades.
De acuerdo con los vecinos, aproximadamente 25% de los habitantes corresponde a personas de la tercera edad, a quienes se les dificulta todavía más adquirir un compromiso financiero.
Más allá de los créditos en condiciones preferentes, el presidente Enrique Peña Nieto dijo el pasado 4 de octubre que su gobierno estaba dispuesto a “revisar el marco de ayuda”, luego de que el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, le pidió activar de manera inmediata los mecanismos de apoyo. Sin embargo, después de esto no se han formalizado ni recursos ni acuerdos para ayudar a las familias afectadas.
Roberto Ortiz, quien debió regresar con sus padres tras cuatro años de vivir en el edificio, cuenta cómo desarrolló una relación de amistad con sus vecinos adultos mayores. Quien era su casero, por ejemplo, no perdió su vivienda pero sí una fuente de ingresos, un shock del que Roberto ha sido testigo.
“Cuando le avisé de esto, se quedó mudo, se puso a llorar. Por esa parte empieza a doler (...) En el caso de la gente de la tercera edad que son dueños de aquí, es muy duro ver que ellos no pueden acceder a un crédito, que no ven un futuro claro. Para mí, eso ha sido lo más duro, ver a mis viejitos —como les llamo— estar en esta situación sufriéndolo”, dice el joven de 35 años, quien ya decidió mudarse con su pareja a otra parte de la República.
“Aunque me duele bastante, voy a tener que dejar a mis vecinos. Ahorita los apoyo y estoy con ellos en todo lo que puedo, sacar la ropa de los que son de la tercera edad, pero ya tengo que seguir”, añade.
El adiós. Roberto Ortiz lamenta tener que dejar a sus vecinos y las historias acumuladas durante cuatro años de su vida en el edificio de Rébsamen, pero ha decidido iniciar una nueva vida.
Pero este nivel de camaradería no es lo que predomina en todas las zonas afectadas de la Ciudad de México. A dos meses del sismo, los conflictos han empezado a aflorar en algunos edificios, como es el caso del inmueble colapsado en Saratoga 714, en la colonia Portales, donde los ánimos se han elevado hasta los golpes.
Sonia Rosas habitaba ahí con su esposo desde 1987, y cuenta que a raíz del derrumbe los 16 propietarios están divididos en dos grupos: quienes se pronuncian por aceptar la oferta de la delegación Benito Juárez de hacerse cargo totalmente de la demolición y de la reconstrucción, y quienes se empeñan en demandar a la empresa High Tech Labels, a la que culpan por las obras que realizó para instalar una fábrica en el edificio contiguo.
Aunque entre los vecinos existe consenso en torno a que la compañía tiene la mayor parte de la culpa, un bloque prefiere evitar enfrascarse en pleitos.
“Yo lo veo como algo difícil porque es tiempo, dinero y esfuerzo, que ¿quién dice ‘yo’?”, comenta una de las vecinas que prefieren acceder al esquema propuesto por la delegación, a través de un fideicomiso y reduciendo el tamaño de los departamentos (10 metros menos de los cerca de 90 con los que contaban).
En tanto, el otro bando rechaza “migajas del gobierno” y pide conservar las ruinas para certificar su estado, analizarlas y llegar a conclusiones sobre las causas de la caída del edificio.
“Si ganan, qué bueno, ganamos nosotros; y acá igual, van a ganar también ellos porque les van a hacer su departamento”, señala Sonia frente a los tablones con los que la autoridad mantiene tapiada la zona del colapso, por motivos de seguridad ante la inminente caída del inmueble, y en espera de que su iniciativa se imponga y pueda iniciar la demolición.
Sentado. Los cuatro pisos del edificio de Saratoga 714 cayeron sobre la planta baja del inmueble, dejándolo inutilizable.
Los vecinos de Tokio 517 están de momento en un punto intermedio. La delegación Benito Juárez, según los damnificados, les aseguró que se haría cargo de la demolición del inmueble —con 24 departamentos repartidos en tres torres, y de unos 35 años de antigüedad— y de la remoción de escombros, pero ellos desconocen qué pasará después.
Margarita Cortina Villar asegura que a los propietarios no les convencen esquemas que se han comentado, como el de acceder a un crédito de reconstrucción o ceder algunos metros para dar paso a más viviendas.
“Los créditos de la Sociedad Hipotecaria Federal la verdad son inaccesibles para la mayoría de nosotros”, dice.
La vecina afirma que, aunque una carpeta de investigación está en marcha en la Procuraduría General de Justicia de la capital para determinar las causas de los daños, ellos no quieren esperar más para iniciar los procedimientos que les permitan recuperar sus viviendas.
“Nosotros, independientemente de saber qué fue lo que falló con las estructuras y el sismo, realmente lo que quisiéramos es seguir adelante y reconstruir”, señala.