El fiscal Edgar Veytia enfrenta cargos por conspiración para distribuir, importar y producir heroína, cocaína, marihuana y drogas sintéticas. (Foto: Twitter/@FiscaliaNayarit)
Corrupción, malversación de fondos y feminicidios fueron algunos de los temas que permearon este año en la escena política de nuestro país.
En septiembre, México conoció el nombre de Mara Castilla. Una joven que fue asesinada por el chofer de la unidad Cabify en la que viajaba. El conductor Ricardo Alexis llegó y la recogió como parte de su trabajo, pero en vez de trasladarla a su domicilio se aprovechó de que estaba dormida y la llevó a un motel del sur de la capital de Puebla, donde la violó, golpeó y estranguló. A partir de ese evento, mujeres salieron a manifestarse en las calles para condenar la ola de violencia en el país.
De enero a junio de este año hubo 647 asesinatos de mujeres en 11 estados, de los cuales sólo 204 han sido investigados como feminicidios, de acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
En octubre, el asesino de Mara Castilla fue vinculado a proceso por feminicidio.
En agosto una noticia de último momento cimbró a México; el Departamento de Tesoro de Estados Unidos informaba que el futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez tenían operaciones ligadas al narcotráfico. El seleccionado mexicano y el cantante grupero han estado vinculados durante mucho tiempo con Raúl Flores Hernández y la organización criminal Los Flores, y han actuado como testaferros para él y su organización de narcotráfico y mantenían bienes en su nombre, de acuerdo con el gobierno norteamericano.
Ante esto, Televisa sacó al cantante norteño Julión Álvarez de su programa familiar La voz kids, la página de internet del cantante dejó de funcionar y los videos en su canal oficial de YouTube fueron eliminados.
Rafael Márquez y Julión Álvarez han negado tener nexos con Flores, quien fue detenido y se encuentra en el penal federal del Altiplano.
El 18 de febrero de 2013, Edgar Veytia fue nombrado fiscal general de Nayarit para un periodo de siete años. Pero en marzo de este año, fue detenido con droga en EU, donde está a la espera de un proceso penal.
El fiscal Edgar Veytia enfrenta cargos por conspiración para distribuir, importar y producir heroína, cocaína, marihuana y drogas sintéticas. (Foto: Twitter/@FiscaliaNayarit)
Tras ser detenido, fue trasladado a la corte de distrito del Sur de California en donde se le notificaron las acusaciones en su contra por los cargos de conspiración para distribuir, importar y producir heroína, cocaína, marihuana y drogas sintéticas. A Veytia, a quien las autoridades estadounidenses identifican con los alias de “Diablo”, “Eepp” y "Licenciado Veytia”, se le acusa de haber cometido esos delitos entre enero de 2013 y febrero de 2017.
Las actividades federales contra la delincuencia en la capital del país habían consistido en detenciones y cateos realizados sin violencia. Sin embargo, la situación dio un giro en julio, cuando un operativo de la Marina para arrestar a Felipe de Jesús Pérez Luna El Ojos, líder delictivo, derivó en un tiroteo y en la muerte de ocho delincuentes, así como en bloqueos con vehículos incendiados no vistos antes en las calles de la ciudad.
Esto provocó la destitución temporal de Rigoberto Salgado, delegado de Tláhuac, por sus vínculos con el grupo criminal y quien continúa bajo investigación del gobierno de la capital. La organización de narcomenudistas de esa delegación opera en al menos cuatro delegaciones de la Ciudad de México, de acuerdo con lo que informó en su momento el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera.
Santiago Nieto, quien hasta entonces era el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), reveló al diario Reforma que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, lo presionó en agosto a través de una carta en la que le pidió evitar que lo inculpara en el desvío de recursos para el PRI durante la campaña presidencial de 2012. Días después Nieto fue cesado y la trama de escándalo en el caso Odebrecht alcanzó a Pemex.
El excolaborador en el gobierno del presidente Peña Nieto enfatizó que jamás participó en actos deshonestos, y se dijo dispuesto a limpiar su imagen. (Foto: Cuartoscuro)
El exdirector de Pemex, junto con su equipo de abogados, ofreció una conferencia de prensa en agosto en la que insistió, una y otra vez, en que él no recibió dinero de las 'propinas' millonarias que los máximos directivos de la empresa brasileña han admitido haber repartido a altos funcionarios en una docena de países, y quienes —de acuerdo con reportes periodísticos— señalaron directamente al excolaborador del presidente Enrique Peña Nieto.
Reportes de prensa difundidos indicaban que los exdirectivos brasileños declararon que los presuntos pagos fueron hechos mediante transferencias a cuentas de empresas fachada que Lozoya supuestamente les indicó.
El Gobierno mexicano habría desviado cerca de 8,000 millones de pesos entre el 2013 y el 2014 a través de 128 empresas que no debían recibir recursos públicos por no tener infraestructura ni estar legalmente establecidas, de acuerdo con una investigación periodística de Animal Político en conjunto con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
La investigación difundida en septiembre se realizó tras la revisión de las cuentas públicas de 11 dependencias de Gobierno, incluyendo la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Banco Nacional de Obras (Banobras) y Petróleos Mexicanos (Pemex).
"La Estafa Maestra", como se denominó al desvío en el informe, "se hizo entregando 7,670 millones de pesos en contratos ilegales. En la medida habrían "participado 11 dependencias federales, 8 universidades y más de 50 funcionarios", según el reportaje de MCCI.
México es el país donde más sobornos se pagan en América Latina, de acuerdo con un estudio que Transparencia Internacional (TI) reveló en octubre.
En el país, 51% de los entrevistados dijo que pagó sobornos o tuvo que hacer algún regalo a funcionarios para acceder a servicios escolares y hospitalarios, para obtener un documento de identidad o acceder a un policía o un juez, de acuerdo con TI.
El informe "Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe" destacó además, tras entrevistar a más de 22,000 personas en 20 países de la región, que la percepción generalizada es que estas prácticas están en aumento, que los gobiernos no las combaten con determinación, y que casi un tercio de quienes las denuncian sufre represalias.
En noviembre, el presidente Enrique Peña Nieto criticó el “bullying” que la sociedad civil ejerce sobre las instituciones del gobierno mexicano.
Durante su participación en la sexta edición del Foro Sumemos Causas por la Seguridad Ciudadanos + Policías en la Ciudad de México, el mandatario mexicano lamentó que se espere eficacia y responsabilidad por parte de las instituciones del Estado “a las que todos los días pretendemos desmoronar, descalificar”, en especial a los miembros de las corporaciones policiacas.
Las declaraciones del presidente mexicano llegan casi un mes después de que criticara a que “todo lo que pasa en el país” se relacione con corrupción.
El sismo del 19 de septiembre en la Ciudad de México dejó 19 niños y siete adultos muertos en el Colegio Enrique Rébsamen; lo que destapó un caso de corrupción. La dueña, Mónica García Villegas, quien es buscada por las autoridades, ha sido señalada porque su escuela tenía irregularidades en los permisos de construcción. Tras el temblor, peritajes de la Procuraduría General de Justicia de la capital determinaron que la estructura de la escuela tenía más peso que el que podría soportar.
Un equipo de ocho expertos de la Barra Mexicana de Abogados asumió la defensa de un grupo que representa a 14 de las víctimas, en búsqueda de justicia por posibles delitos que pudieron haber propiciado el colapso del edificio. En tanto, el connotado penalista Javier Coello Trejo es el representante legal de Mónica García Villegas, la directora de esta escuela privada localizada en el municipio de Xochimilco.
García Villegas cuenta con una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en los delitos de Homicidio Culposo y Responsabilidad de los Directores Responsables de la Obra y es buscada en 190 países.
En mayo, los medios mexicanos realizaron un hecho inédito en la historia moderna del periodismo mexicano. Más de 30 organizaciones periodísticas publicaron un desplegado para denunciar “la ofensiva asesina que han padecido” los periodistas en los últimos meses. Siete informadores han sido asesinados en lo que va del 2017... y ya van más de 100 desde el año 2000, según la fúnebre contabilidad de organismos independientes como Artículo 19.
El asesinato del periodista y escritor Javier Valdez el 15 de mayo en Culiacán, desencadenó una ola de protestas y manifestaciones de grupos de periodistas en diversos puntos del país para condenar la ejecución y exigir al gobierno esclarecer el crimen. De acuerdo con el artículo, casi todos los ataques a reporteros en México han quedado impunes, y el 53% fueron presuntamente cometidos por funcionarios públicos, señala la agencia Reuters.
A principios de diciembre, diversos medios publicaron nuevamente un llamado conjunto, con diversos acuerdos para frenar la violencia en contra de los periodistas.